Colegio Santa Rosa en Huesca, España

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sábado, 8 de junio de 2013

Libertad de expresión versus protección de datos

Constituyen datos personales tu nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda identificarse” (IFAI)
En días pasados alguien cercano tuvo un accidente, afortunadamente sin consecuencias para nadie,  pero el hecho me dio la oportunidad de asistir de primera mano a una serie de violaciones a los derechos humanos que
pondrían los pelos de punta a cualquier activista.
El accidentado fue esposado con los brazos a la espalda, como si se tratara de un delincuente,
sin permitirle recibir atención médica y sin considerar el estado de shock en el que se encontraba después de haber sufrido un accidente.

Fue detenido por supuestos que sólo la policía infirió. Los paramédicos muy amables pero con una precaria atención hicieron gala de irresponsabilidad al permitir que se lo llevaran sin ser revisado por un médico; tan es así que cuando fue puesto en libertad, después de varias horas, lo revisaron en el hospital y le informaron que tenía una esguince cervical, que lo obligó a llevar collarín  más de 15 días.

No obstante, lo más grave fue cuando un reportero de la nota roja que tomaba fotos le preguntó al policía los datos del detenido. Como esta petición se hizo delante de mí, yo le dije que no estaba autorizado a darlos puesto que eran privados, pero el reportero, con la audacia que proporciona la ignorancia, me argumentó que el policía estaba obligado por la Ley de Transparencia. Así que el policía terminó dándole santo y seña sin ningún pudor.

Por supuesto que al día siguiente salió la noticia en la que la mayor parte eran prejuicios y calificativos sin pruebas para ello, lastimando la fama y el honor de la persona que había sufrido el accidente. Ya sabemos que un periódico vende más en la medida en que le pone morbo a una noticia, lo malo es que, al mismo tiempo que  juzgaba y condenaba a la persona involucrada, también puso a disposición de todo el mundo, de manera física y digital sus datos personales.

Después de presenciar la manera en que puede difundirse información privada sin el menor recato, me di a la tarea de hablar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) cuyo teléfono, para los que vivimos en el interior de la República es 01 800 835 4324, y fueron contundentes al decir que no tenían ningún derecho a dar esos datos al periódico a no ser que el accidentado lo hubiese autorizado.

Otra pregunta que hice al  IFAI es si la ley de protección de datos personales se contraponía con la ley de Trasparencia o con el derecho a la información, pero dudó en su respuesta, así que prefirió que me comunicara al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) para recibir una asesoría más precisa. Los teléfonos son: 915 56 38, 915 05 37, 915 87 99.

En el ITEA, a modo de opinión me dijeron lo mismo, que no tenían derecho a proporcionar los datos del accidentado y me remitió a su página Web para que yo leyera los artículos y los lineamientos de la Ley, porque ella no los tenía presentes y como no era una Ley muy grande (poco más de 60 artículos y más de 30 lineamientos) podría encontrar fácilmente la respuesta. Yo me pregunto para qué quiero un centro de atención en el ITEA si la persona que contesta no conoce la Ley.

Pero bueno, traté de no darle importancia y me puse a leer los artículos para  identificar aquellos que eran violatorios y aquellos que podían entrar en conflicto con la Ley de Transparencia o con la libertad de prensa, pero la verdad es que son muy especializados y tampoco era mi papel.  Creo más bien que el ITEA debiera tener personas preparadas, que conocieran la ley y asesoraran de manera puntual sobre sus artículos. 

Finalmente, después de remitirme a la Ley, me sugirió  que presentara una denuncia ante el ITEA para que los policías pudieran ser sancionados por proporcionar información que violaba el derecho a la privacidad de datos que tiene cualquier persona. Si además quería que, tanto los periódicos como la Secretaría de  vialidad, resarcieran el daño moral que supuso su difusión, tenía que presentar una denuncia penal. Ni más ni menos.   

No me parece tan simple eso de interponer una denuncia contra una autoridad que cuenta con todo el poder de tomar represalias si se ve molestada  ya que cuentan con todos tus datos para hacerlo. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, que pueden exhibirte sin escrúpulos en caso de que alguien se atreviera a denunciarlos por haber difundido información privada.

Ante una situación tan injusta me pregunto si estamos en un Estado de derecho o simplemente es un Estado que tiene hermosos libros de leyes que relatan una serie de derechos, aunque los que los salvaguardan ni los conozcan ni los respeten. Pocos son los que se atreverían a luchar en casos parecidos y normalmente dejan pasar la injusticia. Lo malo es que con ello se favorece la corrupción ya que el ciudadano puede caer en la tentación de utilizar otras medidas con las que todos parecen sentirse más satisfechos, y que casi siempre llevan el signo de pesos.  Petra Llamas García. 

Publicado en La Jornada de Aguascalientes el 7 de junio del 2013. petrallamasgarcia@hotmail.com. Twitter: @petrallamas   

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